USO y CSIF manifiestan su total rechazo al anteproyecto de Ley de impulso y consolidación del diálogo social en La Rioja

• Los dos sindicatos han coincidido en señalar el déficit democrático de esta ley que será aprobada la próxima semana por el Gobierno regional con el apoyo de PSOE y el rechazo del resto de partidos de la Cámara.

La Unión Sindical Obrera (USO) y la  Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), han celebrado este martes  una rueda de prensa en la sede de USO, en la que han comparecido el Secretario General de USO La Rioja, Javier Martínez, y el presidente de CSIF La Rioja, Jesús Vicente Hernández para explicar su rechazo al proyecto de ley de impulso y consolidación  del diálogo social en La Rioja . Este proyecto de Ley, que pretende regular el diálogo social en nuestra comunidad autónoma, no promueve la participación y el diálogo, sino todo lo contrario, la cierra y la blinda única y exclusivamente a los de siempre: UGT, CCOO y la FER.

Con la redacción dada al proyecto de Ley, nunca, ningún otro sindicato ni patronal podrían entrar a participar del mal llamado Diálogo Social. El motivo es claro, sólo da opción a participar a los “sindicatos más representativos”, condición que en La Rioja sólo pueden tener UGT Y CCOO. Si cualquier otro sindicato tuviera en La Rioja un 15% de representatividad no sería más representativo si no cumpliera, además, otro requisito adicional: contar también con 1.500 delegados.

En La Rioja, tenemos 2.360 delegados de mandato vivo, con lo que 1.500 supondría tener el 63.56% de representación. Recordemos que UGT tiene actualmente con 995 delegados el 42% de representación y CCOO con 648 delegados el 27.46%.

Esto ha ocasionado, como no podía ser de otra manera, que USO y CSIF, se pusieran en contacto con todos los grupos parlamentarios pidiéndoles por favor, que no aprobaran en nuestro Parlamento una ley tan injusta.

A pesar de ello, el día 18 de marzo el proyecto de Ley pasó a la Junta de Portavoces de los grupos políticos representados en el Parlamento Riojano donde PP y el PSOE votaron a favor de que pasase al pleno parlamentario para su aprobación  sin opción a enmiendas con el voto en contra de Ciudadanos y Podemos.

Es decir, los partidos mayoritarios legislan a sabiendas de que las condiciones que ponen son IMPOSIBLES para cualquier otro sindicato que no sea como ellos, “mayoritario”. Lejos del sentido aperturista y participativo que pretenden vender a la opinión pública y muy en la línea del bipartidismo versus bisindicalismo.

La mencionada ley, que quieren aprobar en el Parlamento regional, consagrará y blindará, entre otras cuestiones, la hegemonía de los sindicatos de siempre UGT y CCOO junto a la patronal autonómica (FER), creando una diferencia muy marcada entre estas organizaciones y las demás a la hora de poder ejercer actuaciones y tareas sindicales en igualdad de condiciones.

USO y CSIF creemos que la citada Ley “vulnera los derechos y libertades de gran parte de los trabajadores de la sociedad riojana a los cuales representa la USO, CSIF y otras organizaciones, discriminándonos descaradamente”.

Los partidos políticos nos prometen continuamente una regeneración democrática y no la vemos por ningún lado, al contrario vemos proyectos de leyes como ésta, que ni es aperturista, ni plural, ni ajustada a la proporcionalidad representativa. Lamentamos decir que todo sigue igual y que las promesas de cambio por parte de algunos partidos políticos se quedan en las campañas electorales para que luego se las lleve el viento hasta la próxima campaña.

Si en las últimas elecciones los partidos políticos anunciaban una mayor participación sindical en el diálogo social  -ya se sabe eso de donde dije digo, digo …- ahora nos encontramos con un nuevo ejemplo de subvencionismo sindical y patronal que algunos gobiernos como el nuestro está reactivando, parece ser que nada cambia, y la esperada y deseada regeneración democrática, no es más que una promesa hueca de cara  a los electores, es decir pura demagogia política.

USO y CSIF nos posicionamos en contra de estas prácticas, que en el fondo no tiene otra finalidad que comprar voluntades, y que pueden viciar radicalmente la posible independencia sindical al poner en la picota la subsistencia de las propias estructuras sindicales de sus beneficiarios, que quedarían a expensas de las subvenciones del Gobierno concedidas habitualmente bajo criterios de dudosa igualdad y/o legalidad.

El próximo día 31 de marzo, el Gobierno de La Rioja tiene previsto llevar al parlamento la Ley de Impulso y Consolidación del Diálogo Social en La Rioja.

Su intención es la tramitación de esta Ley del Diálogo Social por vía de urgencia de la misma, con lo que imposibilitará cualquier posibilidad de debate y de introducir enmiendas y sólo cabe dar un sí, no o abstenerse.

Otro ejemplo más de lo que a este Gobierno le gusta el debate y la posibilidad de modificar o incluso llegar a democratizar ciertas normas.

CSIF y USO creemos que es el momento de  intentar dar participación al conjunto más amplio posible de los trabajadores de esta comunidad autónoma y no seguir con viejas formulas que hasta ahora se han demostrado que no funcionan. En los últimos pactos o acuerdos por el empleo en esta comunidad que prometían dejarnos con un 9% de paro y desgraciadamente se batieron todos los registros negativos y los participantes de esos acuerdos se vieron totalmente desbordados y desaparecidos.

Pero por el contrario, lo que estamos observando a lo largo de las últimas semanas, en las que hemos mantenido reuniones con los diversos partidos políticos presentes en el parlamento de La Rioja, es que los viejos partidos, los de siempre, PP y PSOE, que no son capaces de pactar absolutamente nada entre ambos, curiosamente y por lo que parece, van a ser capaces de sacar esta Ley adelante para que todo siga igual.

No se quieren adaptar a una nueva realidad en las relaciones laborales y prefieren seguir contando con los de siempre y dejar fuera, sin voz ni voto al 30% de los representantes de los trabajadores de esta comunidad autónoma.

Manteniendo viejas excusas de mal pagador y excusándose en ciertos artículos tanto de la Constitución española, de la LOLS o de cualquier otra que crea que le puede servir, y sin querer acogerse a otros artículos que esas mismas leyes sí que les permitirían dar cabida a organizaciones sindicales cada vez con más representación es esta comunidad autónoma.

Lo cierto es que no existe voluntad política por parte de los partidos mayoritarios, PP y PSOE, de introducir cambios, y parece que obedece más a una fórmula para mantener contentos a ciertas organizaciones, a tenor de los objetivos alcanzados en acuerdos anteriores, que a mejorar la cohesión social y el progreso económico de La Rioja.

Dice el anteproyecto de Ley, y es cierto, que el principio de igualdad de trato entre sindicatos permite introducir diferencias basadas en el criterio de mayor representatividad; y se acoge al artículo 7.1 de la LOLS, para que los sindicatos que tienen por definición la condición de más representativos sean los que se sienten en esta mesa; mientras que al resto de organizaciones sindicales se nos exige tener el 15% de representación y además 1.500 delegados.  En esta comunidad se eligen actualmente unos 2.100, con lo que la exclusividad la tienen garantizada de por vida.

Sin embargo el artículo 7.2 de la LOLS  sí que abre la posibilidad de participación de otras organizaciones representativas en otros ámbitos, como es el caso del CSIF, sindicato mayoritario en el conjunto de los empleados públicos de La Rioja y próximo al 10% en el conjunto de todos los trabajadores de La Rioja.

Así mismo el Tribunal Constitucional ha admitido en numerosas sentencias el criterio de mayor representatividad. Pero también ha dicho en otras tantas sentencias, que las diferencias de trato entre los sindicatos deben de cumplir con los requisitos de objetividad, adecuación, razonabilidad y proporcionalidad.

El concepto de mayor representatividad es, por tanto, un criterio objetivo y, por ello, constitucionalmente válido. Ahora bien, ello no significa que cualquier regulación apoyada en el mismo haya de reputarse como constitucionalmente legítima, pues ha de reunir, además, los restantes requisitos exigibles y, singularmente, el de proporcionalidad y nunca es aceptable este criterio como dice el Constitucional, para establecer un trato diferente, como va a ser el caso.

Además el Tribunal Constitucional ha considerado improcedente la utilización del criterio de mayor representatividad como regla para excluir a sindicatos, que sin tener la consideración de más representativos, tienen una considerable implantación en ciertos ámbitos (SSTC 184/1987 DE 18 de noviembre y 217/1988 de 21 de noviembre), como es el caso de CSIF, con más de un 30% de representación en el ámbito de los empleados públicos.

También el Parlamento Europeo, ha recordado que el diálogo social es vital para lograr los objetivos de empleo establecidos en la estrategia europea 2020. Siendo necesario que participen en el diálogo social, no sólo los grandes partidos políticos, los grandes sindicatos más representativos o las grandes empresas, sino que debe abrirse al abanico de todos los que tengan una representación relevante en los diferentes sectores, para llegar a acuerdos con un alto grado de consenso entre todos, en orden a conseguir mejorar la empleabilidad.

Es más, el Parlamento Europeo, en su resolución, de 13 de marzo de 2014, sobre los aspectos laborales y sociales del papel y las actividades de la troika, en relación con los países de la zona del euro sujetos a un programa, hizo hincapié en que todos los interlocutores sociales a escala nacional, con mayor o menor representación, deberían haber sido consultados o haber participado en el diseño inicial de los programas.

Es decir, que cuando nos interesa, seguimos a pies juntillas las recomendaciones de Europa y hacemos reformas laborales restrictivas con los derechos de los trabajadores o recortes sin piedad a los empleados públicos y, cuando no nos interesa, no le hacemos ni caso y seguimos a lo nuestro.

Y ya por último la Constitución española tanto en su artículo 7, que dice: «Los sindicatos de trabajadores y las asociaciones empresariales contribuyen a la defensa y promoción de los intereses económicos y sociales que les son propios. Su creación y el ejercicio de su actividad son libres dentro del respeto a la Constitución y a la ley. Su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos».

Y en el 131.2, que dice:

No establecen ningún tipo de diferencias entre organizaciones sindicales.

Todo este argumentario legal, simple y llanamente, para decir que dejar sin voz ni voto al 30% de los representantes de los trabajadores es por voluntad propia del Gobierno, que hay posibilidad de incluir en las mesas del diálogo social a organizaciones sindicales con un peso específico en esta sociedad.

Que la Comunidad Autónoma de La Rioja a través de su artículo 8.uno.4 de su Estatuto de Autonomía, se atribuye la competencia exclusiva en materia de ordenación y planificación de la actividad económica, así como el fomento del desarrollo económico de la comunidad autónoma, dentro de los objetivos marcados por la política económica nacional.

Que ya es hora de cambiar las cosas, que lo que antes no ha funcionado, no nos hace pensar que ahora funcionará, que tenemos claro que si no nos sentamos en la mesa del diálogo social en La Rioja, no es porque la ley lo impide, es porque el Gobierno de La Rioja no quiere y que el Partido Popular y el Partido Socialista lo apoyan.

Que no es de recibo que para entrar en el Parlamento de La Rioja se necesite tener un 5% de los votos y ahora se esté debatiendo el bajarlo al 3 y a las organizaciones sindicales se nos exija un 15% más 1500 delegados para estar presente en las mesas. La Rioja tiene capacidad y argumentos legales para cambiar estos requisitos, lo que no tiene es voluntad de los viejos partidos.

Mención se merece también, que estos porcentajes de representación están totalmente adulterados, ya que estimamos que en este país hay cerca de 82.000 representantes de los trabajadores que ya no ejercen su función, porque desgraciadamente sus empresas han cerrado, pero como nadie los ha dado de baja siguen sumando hasta el final de su mandato, y modificando sustancialmente los porcentajes de representación.

Por lo tanto, esta ley, si se aprueba tal y como esta, demostrará:

• Una falta de voluntad por parte del gobierno para intentar cambiar las cosas.
• Apoyo a este gobierno por parte de los viejos partidos Partido Popular y Partido Socialista.
• Dejar sin voz ni voto al 30% de los representantes de los trabajadores
• Seguir viejas formulas que hasta ahora no han conseguido nada

USO Y CSIF pedimos:

• Mayor pluralidad
• Participación por proporcionalidad.
• Participación en las mismas condiciones que los partidos políticos un 5% o un 3 en su caso.
• Modificación de la LOLS, para adecuarnos a la nueva realidad social y laboral.
• Adecuación del número de delegados existentes, que permitan tener porcentajes de representación realistas.

CSIF y USO agradecen  a los grupos parlamentarios riojanos de Podemos y Ciudadanos, la sensibilidad mostrada hacia nuestras reivindicaciones.

Durante la rueda de prensa,  los dos sindicatos han invitado reiteradamente al resto de sindicatos afectados a sumarse a las movilizaciones que iniciaremos ambas organizaciones en breve