Reformas laborales. Recorte de derechos e incremento de la temporalidad
Las reformas laborales que se han producido en España no han favorecido al trabajador, es fácil comprobar como paulatinamente los derechos de los trabajadores se han visto recortados reforma tras reforma.
Año 1977 (octubre), Pactos de la Moncloa, se contemplan medidas como la subordinación de los aumentos salariales a la inflación prevista por el gobierno en lugar de hacerlo sobre la inflación pasada. Después el Real Decreto Ley 43/1977 de 25 de noviembre, se planteó la contratación temporal en términos coyunturales.
Con la entrada en vigor del Estatuto de los Trabajadores se establecieron dos vías para la contratación temporal, la ordinaria y la coyuntural. El desarrollo del Estatuto coincidió con la firma de una serie de pactos que se inicia en enero de 1980 con el Acuerdo Marco Interconfederal (AMI), prosigue con el Acuerdo Nacional de Empleo (ANE) y el Acuerdo Interconfederal (Al) y el Acuerdo Económico y Social (AES). Pero la culminación de este proceso fue la primera reforma parcial del ET por Ley 32/1984 de forma que se adoptaron medidas desreguladoras del mercado de trabajo. Entre otras los contratos basura y el endurecimiento para las pensiones de jubilación. Se incremento la contratación temporal hasta el punto de que en 1985 los contratos que se realizaron fueron; el 91,24% temporales y sólo 8,76%, tuvieron carácter indefinido. Aprovechando la recesión económica el 1992 una tercera reforma laboral, mediante el Decreto Ley 1/1993 de 3 de abril de Medidas Urgentes
del Fomento del Empleo y Protección por Desempleo, se recortaron las prestaciones del seguro del paro y se incrementó el período mínimo de cotización para acceder a las prestaciones contributivas por desempleo. Luego, en 1993, vendrían las medidas para un Acuerdo Social sobre políticas de renta y de otro Acuerdo Interconderal. El resultado fue una revisión profunda del ET, estos acuerdos generaron la Ley 14/1994 con la creación de las Empresas de Trabajo Temporal (ETTs). La Ley 11/94 aumentó los márgenes del poder empresarial incorporando el despido económico, la movilidad funcional y geográfica, etc. En este acuerdo las empresas disponen de trabajadores baratos con plena disponibilidad sin tener que conceder derechos y fácilmente reemplazables.
La siguiente reforma del ET se produjo con el Acuerdo Interconfederal para la Estabilidad en el Empleo (ATEE) con el Decreto Ley 8/1997 y la Ley 64/1997 de 26 de diciembre. Se creó un nuevo contrato «fijo discontinuo» que abarató el despido pasando de 45 días a 33 de salario con un límite de 24 mensualidades, bajando las cuotas empresariales a la Seguridad Social entre el 40 y el 60%.
La contratación temporal siguió creciendo suponiendo un aumento del 19,3% entre 1997 y 2001. El Acuerdo Interconfederal de la Negociación Colectiva del 20 de diciembre de 2001 moderó los salarios y permitió la subordinación a la flexibilización de las empresas.
La siguiente reforma laboral fue el 25 de mayo de 2002 abaratando el despido que paso a ser Ley 45/2002 de 12 de diciembre. La última reforma laboral se llevó a cabo en el mes de mayo de 2006, se bonificaron y estimularon los contratos indefinidos reduciendo las cotizaciones empresariales al Fondo de Garantía Salarial y por desempleo, afectando a los contratos con anterioridad al 1 de junio de 2006 y se quiso fomentar las actuaciones del Sistema Nacional de Empleo. El resultado no ha sido bueno para los trabajadores porque no se abordan los problemas estructurales que han conducido a la realidad actual de nuestro mercado laboral, agravado por la emigración.
En cualquier caso «las reformas laborales que se han producido en nuestro país no han resuelto los problemas de los trabajadores«. Así el mercado laboral no ha mejorado sino que han venido a empeorar las condiciones laborales y los derechos de los trabajadores, por tanto cuando se está sufriendo en España destrucción de empleo de más del 15% debido a una crisis económica que los trabajadores no han creado y los empresarios abogan por una reforma laboral no es de extrañar el pánico que entre las trabajadoras y trabajadores y buena parte de la sociedad, levanten, cuando escuche las palabras «reforma laboral» entre quienes, ciertamente, no se encuentran los empresarios, políticos y desde luego aquellos sindicatos que fueron cómplices en la firma de acuerdos de las reformas