COMUNICADO DE APOYO DE LA PLATAFORMA JUSTICIA PARA TODOS A LA MANIFESTACIÓN EN DEFENSA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA CONVOCADA EL 19 DE ENERO.
En la reunión celebrada el pasado 28 de diciembre se acordó el apoyo a la manifestación en defensa de la Administración de Justicia convocada para el 19 de enero.
La Plataforma tiene entre sus fines el defender con todos los medios democráticos a su alcance, los bienes y servicios básicos, el Estado del Bienestar y los derechos y libertades de la ciudadanía, así como poner de manifiesto el rechazo a todas reformas que tengan incidencia negativa en el Derecho de Defensa de todas las personas, recortando el acceso al servicio público de la justicia y haciendo retroceder el Estado de Derecho.
Queremos reiterar nuestro compromiso para la mejora del servicio público de Justicia, en defensa de los intereses generales, pues la Justicia está relegada del proceso de modernización que se ha acometido en otros ámbitos públicos.
Recordamos que determinadas medidas adoptadas recientemente va a gravar la situación de deterioro institucional en que nos encontramos en la actualidad, y reclamamos soluciones reales, no iniciativas improvisadas y oportunistas. Que el Gobierno sea capaz de escuchar la voz de todos los colectivos afectados y los efectos negativos que tiene en la ciudadanía. Que sea capaz de generar un amplio Pacto de Estado, en el que participen todos los sectores implicados, con la finalidad de crear una nueva Administración de Justicia.
Y, sobre todo, se debe profundizar en los principios que inspiraron la Carta de los Derechos de los Ciudadanos ante la Justicia, aprobada por unanimidad en 2002, y facilitar el acceso a la jurisdicción sin trabas que limiten los derechos fundamentales de los ciudadanos.
Nuestro país necesita una Justicia ágil, favorecedora de la seguridad jurídica y de la reactivación económica, centrada en las personas y en los derechos fundamentales de la ciudadanía.
Por ello, reclamamos un diálogo constructivo y soluciones eficaces a los graves problemas existentes con el objetivo de la defensa de la Administración de Justicia, para que cumpla con las funciones constitucionales que tiene asignadas.
