FEUSO defiende el modelo actual de los Centros de Educación Especial

Lo llevamos denunciando desde la Federación de Enseñanza de USO, hace más de un año, que a tra- vés de la tramitación de la nueva ley educativa, la Ley Celaá, se está intentando imponer un modelo único que busca de manera planificada el cierre de los Centros de Educación Especial, vaciándolos de alumnado, para que se queden como centros asistenciales, para alumnado que requiera una atención muy especializada.

Ante ello, FEUSO defiende la compatibilidad de las dos modalidades, la educación inclusiva (a través de los centros ordinarios), y la educación especial (a través de los centros de educación especial). Son muchas las familias que desean elegir una atención más especializada, profesional y personalizada para sus hijos, y entienden que hay una grave discriminación, si se les impide elegir entre diferentes opciones educativas, tal y como se desprende del artículo 27 de la Constitución Española.

Las trabajadoras y profesionales  de  los  Centros de Educación Especial, tienen un gran sentido vocacional, y así se lo reconocen las familias, ya que gracias a su desempeño profesional y docente, el alumnado puede desarrollar al máximo sus capacidades, cumpliendo en todo momento con los principios de inclusión, calidad y equidad educativa. Por ello decimos desde FEUSO que si finalmente se aprueba la disposición adicional 4ª del proyecto de la Ley Celaá, corren serio peligro miles de puestos de trabajo en los Centros de Educación Especial, con lo cual nos ju- gamos mucho más de lo que defienden los partidarios de este cambio de paradigma.

EUSO ya presentó en mayo de 2019 en el  Congreso  de  los  Diputados  300.000 firmas que recogió en un campaña específica en defensa de los Centros de Educación Especial, y seguimos trabajando, ahora desde la Plataforma “Educación Inclusiva Sí, Especial También”, para que la disposición adicional 4ª sea eliminada del texto final, así como, para que se realice un estudio serio y profundo sobre cuáles han de ser las medidas necesarias para garantizar que el alumnado con necesidades educativas especiales sea atendido en las mejo- res condiciones. Se debería incluir un análisis pormenorizado sobre el impacto y viabilidad económica de tales medidas así como sobre el impacto en el bienestar emocional y salud mental de los menores. Dicho análisis debería ir presidido por el principio del interés superior del menor, y asegurándose en todo caso la dotación económica que permita su implantación en centros ordinarios y de Educación Especial.